Las leyes se enuncian como una mezcla de números y barras que, para quien no maneja el cuerpo legal con frecuencia o no trata con la materia en cuestión de alguna manera, no dicen nada más que un barullo simbonumérico.

Ley 18/2013, por ejemplo. Una ley más. Pero no para el sector y la afición que nos reúne a todos alrededor de esta pantalla. En un tendido. La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural marcó un antes y un después en el reconocimiento y la protección de la tauromaquia como cultura del-pue-blo. Nunca antes se había reconocido a nivel legal.

Y es que, precisamente, la fuerza del pueblo gestó lo que desembocaría en que el Parlamento español pariese esta Ley Orgánica (del tipo de las destinadas a regular materias constitucionalmente reservadas, como el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la aprobación de los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás materias previstas en la Constitución. Y para cuya aprobación, además, se requiere una mayoría reforzada o absoluta —la mitad más uno de quienes votan—).

Más de 600.000 firmas recogidas aunaron sus voluntades allá por los últimos meses de 2011 y los primeros de 2012 en una iniciativa impulsada por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, que terminaría presentando aquel más de medio millón de rúbricas en Madrid en marzo de 2012.

En Cataluña nació aquel movimiento social. Precisamente, en Cataluña, el territorio que más cercenada tenía su libertad de ver toros. En la plaza, que no en las calles. Precisamente, la rabia surgida a raíz de la coartación de esa libertad, la de la producción y creación artística (reconocida por el artículo 20.1 de la Constitución Española) —y su consiguiente derecho al disfrute por parte de quienes así lo sienten—, derecho fundamental que tenemos todos y que nos otorga esa Carta Magna que, dentro de unos días, soplará velas. Derecho fundamental que, según recoge el mismo artículo 20 de la Constitución en su punto segundo, "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa". Que sería lo que vino a hacer el Parlamento catalán en 2010 con la prohibición de las corridas de toros en su territorio. Precisamente, en Cataluña. Hasta Madrid. Y de Madrid, al cielo del Congreso.

Y es que, precisamente, que el pueblo se levante de rabia, pero pacíficamente, contra la supresión de sus derechos, afortunadamente, en ocasiones da buen resultado. Para muestra, este botón.

Aunque, lamentablemente, sigue sin verse resultado alguno en las plazas catalanas, que siguen sin ver toros pisar sus ruedos debido a decisiones personales y arbitarias a pesar de que esta Ley 18/2013 derogase la de la prohibición de los toros que promulgó el Parlamento catalán. Y, si bien, la Ley dice que los poderes públicos tienen la obligación de "fomentar, proteger y promover la tauromaquia, no se está haciendo en aquellas tierras por el momento. Ojalá los recientes cambios de gobierno en algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, propicien dar un paso adelante.

A raíz de la sanción de esta ley de la tauromaquia, se creó también la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, a la que sí que puede que también le falte echar la pata p'alante con respecto a su obligación de fomentar y promover la tauromaquia. Los que sí la echaron en su día, cargando la suerte, fueron los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, derogando la prohibición de las corridas de toros en Cataluña y anulando la exclusión de la tauromaquia del Bono Cultural Joven, respectivamente. Será susceptible de mejora — que no digo yo que no—, pero sólo la existencia de la Ley 18/2013 hizo posibles y absolutamente legales sendas sentencias.

Cabe recordar también que esta ley protege no sólo a las corridas de toros como eje central de la tauromaquia, sino que, "por extensión, se entiende comprendida en el concepto de Tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma", según reza el artículo 1 del propio texto. Por lo que su vigencia supone una protección también para un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, miles de puestos de trabajo y, por ende, la subsistencia de miles de familias y, tremendamente importante, la protección de la libertad de creación, de expresión y de disfrute de millones de personas, independientemente de cual sea su condición, ideología, clase social, creencias u orientación. Porque la tauromaquia une a todos a quienes provoca un sentimiento que sólo conocen los afortunados que saben sentir así.

Precisamente, ahora... con motivo de este décimo cumpleaños de la ley de los toros, la ley de todos, creo que es adecuado brindar para que siga protegiendo nuestros derechos, los de quienes queremos ir a la plazas y los de los que no gustan de ir a ellas. Y porque hoy, además, es el Día Mundial del Enoturismo, permítanme un juego de palabras y una licencia personal: hagamos este brindis con vino de Toro.