El Observatorio Nacional de Culturas Taurinas y la Unión de Ciudades Taurinas de Francia han conseguido que el Consejo de Estado confirme que no existe ningún estudio que demuestre perjuicio de la Tauromaquia sobre los niños.

El Observatorio Nacional de Culturas Taurinas y la Unión de Ciudades Taurinas de Francia han conseguido que el Consejo de Estado confirme que no existe ningún estudio que demuestre perjuicio de la Tauromaquia sobre los niños.

En 2014, el Comite Radicalement Anti Corrida (CRAC), pidió a los prefectos del Gard, de las Bouches du Rhône y de Béziers prohibir las escuelas taurinas de Nîmes, Arles y Béziers, alegando que en ellas se realizaba maltrato animal y que son nocivas para los menores, a los que causan traumatismos psicológicos y a los que ponen en peligro físico.

Al no recibir respuestas de los prefectos a sus peticiones, el CRAC les demandó el 9 de noviembre de 2014 ante de los Tribunales Administrativos competentes, que rechazaron todos sus argumentos. El CRAC anunció entonces su intención de recurrir estas tres decisiones ante la Corte Administrativa de Apelación de Marsella.

El Observatorio Nacional de Culturas Taurinas y la Unión de Ciudades Taurinas de Francia vieron que este proceso iba a sentar jurisprudencia, una oportunidad de introducir en el razonamiento de la CAA de Marsella unos argumentos decisivos para zanjar definitivamente la cuestión de la legitimidad y legalidad de las escuelas taurinas en Francia, pero también para contrarrestar el informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que recomendó a varios estados prohibir la entrada de las plazas a los menores. Los argumentos de la UVTF y del ONCT fueron presentados a través de un informe introducido por la Escuela Taurina de Béziers, que intervino como parte interesada en el juicio planteado por el CRAC en contra del Prefecto de Hérault.

Por otra parte, en noviembre de 2018, en vista del estudio probable del caso por el Consejo de Estado y puesto que ninguna de las dos partes se iban a conformar con las decisiones de la CAA de Marsella, la UVTF encargó al Comité Científico del Observatorio llevar a cabo un estudio del perfil psicológico de los alumnos de las escuelas taurinas francesas para demostrar la ausencia de traumatismo y nocividad. Como se esperaba, el 18 de marzo, la CAA de Marsella, a través de sus decisiones desestimó los argumentos del CRAC en los tres casos abiertos y dio la razón a los argumentos presentados por el Ministerio de Interior en defensa de los Prefecto de Gard, Bouches du Rhône y Hérault, así como de las Escuelas Taurinas de Nîmes, Arles y de Béziers.

En cuanto a la cuestión del maltrato animal, la CAA de Marsella recordó que la legislación francesa creó una excepción a favor de la tauromaquia en las regiones de tradición. Referente a la cuestión del peligro físico que corren los alumnos, confirmó que es proporcional a su capacidad de hacerle frente y conforme a la legislación laboral. Finalmente, en cuanto a la cuestión de los traumatismos o de la nocividad de la tauromaquia para los menores, que era la que más interesaba resolver para el ONCT y la UVTF de cara a su importancia fundamental para el futuro y a sus repercusiones positivas en todos los países taurinos, la CAA de Marsella rechazó una tras otra las tres demandas del CRAC. La Corte consideró que el CRAC no aportaba la prueba de lo que alegaba “al no presentar un estudio científico detallado y completo, que las enseñanzas ofrecidas que aspiran a perpetuar una práctica tradicional que goza de una derogación legal, sería contraria al interés superior de estos niños o de índole a ejercer una influencia nociva sobre su salud o su moralidad”.

Como se suponía, el CRAC decidió recurrir el caso delante del Consejo de Estado para anular las tres decisiones contrarias de la CAA de Marsella (una por cada escuela), brindando al mundo taurino la oportunidad de blindar definitivamente la legitimidad de las escuelas y la presencia de los menores en las plazas. El CRAC presentó al secretariado del Consejo de Estado un recurso superficial el 20 de mayo y un reporte complementario el 16 de agosto, pidiendo que anulara las decisiones de la Corte Administrativa de Apelación de Marsella porque, según esta entidad, adolecía de base jurídica al considerar, entre otros argumentos, que “los alumnos de las escuelas taurinas no están en una situación contraria a la Convención Internacional relativa a los Derechos del Niño”.

Durante la audiencia del 24 de octubre, el Fiscal del CE, encargado de valorar el caso, incluyó en su reflexión el contexto de “la cuestión delicada de la aplicación de la legislación propia a la corrida”, refiriéndose a la Proposición de Ley que algunas diputadas de LREM acababan de anunciar el 17 de octubre anterior para prohibir, entre otras cosas, la entrada de los menores en las plazas. El Fiscal repasó las demandas del CRAC, presentó sus conclusiones y recomendó al CE que desestimara juzgar otra vez el asunto, puesto que las decisiones de la CAA de Marsella eran jurídicamente apropiadas y que el CRAC no aportaba ningún elemento nuevo para justificar otro estudio del caso.

El 18 de noviembre, el Consejo de Estado siguió estas conclusiones y rechazó el recurso del CRAC, motivando su decisión en la Constitución francesa, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Código Penal y varios textos administrativos.

De esta manera, estableció una jurisprudencia definitiva en cuanto a la legalidad de las escuelas taurinas en Francia y a la ausencia de nocividad de las mismas para los menores, cuyos argumentos de fondo se encuentran en las decisiones de la Corte Administrativa de Marsella del 18 de marzo. Esta decisión fue notificada a las dos escuelas taurinas de Nîmes, a la de Arles y la de Béziers, así como al Ministerio de Interior en contra del cual el CRAC dirigió sus demandas.

Tres días antes de esta decisión, la Region Occitanie rechazó asimismo, por 114 votos en contra, una petición de los Verdes que pretendía apoyar la proposición de ley destinada a prohibir la entrada de los menores en las plazas.