El Diccionario de la Real Academia Española define a la tauromaquia como el «arte de lidiar toros». Y la Ley 18/2012 reconoce a aquella como «patrimonio cultural». Aun con esta tinta sobre el papel, parece que hay quienes —a saber: el actual Ministerio de Cultura y Deporte— no se enteran. O, como cantaba Concha Velasco, no se quieren enterar. (¿Serán yeyés?)

Menos mal que el Tribunal Supremo ha aplicado la legalidad vigente,—como es su obligación— y ha dictado una sentencia por la que, tras estimar el recurso interpuesto por la Fundación Toro de Lidia, anula la exclusión de los espectáculos taurinos del Bono Cultural Joven, regulados por el Real Decreto 210/2022.

La Fundación Toro de Lidia ya presentó, en su día y en plazo, alegaciones al borrador del Real Decreto con respecto a esta exclusión, a todas luces, arbitraria de la tauromaquia de entre las actividades en las que los jóvenes de 18 años podían gastar los 400 euros con los que está dotado dicho bono. De hecho, los taurinos eran los únicos espectáculos de carácter cultural excluidos expresamente en el Real Decreto.

Ante el caso omiso del Ministerio de Cultura con respecto a dichas alegaciones y tras haber seguido adelante sin incluir a la tauromaquia en dicho RD, la Fundación Toro de Lidia, una vez aprobado este Real Decreto, interpuso un recurso contencioso-administrativo que el Alto Tribunal no tardó en admitir a trámite y que, ahora, se torna en el fallo a favor de la FTL y, por ende, de la tauromaquia y de los jóvenes.

Porque, sí: hay jóvenes que gustan de ir a los toros y a los que les gustaría destinar una parte de ese dinero que les es otorgado en pasar por taquilla y pagar religiosamente —y con tanto derecho como el que paga el tique de un concierto— la entrada a una plaza de toros. Le guste al ministro de Cultura o le disguste.

Un ministro, Miquel Iceta, que, por cierto, ha reconocido este martes que «acatarán» la sentencia —¡faltaría más!— y, para este 2023, sí incluirán los espectáculos taurinos dentro de las «artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales» a las que puede destinarse la cuantía del Bono Cultural.

El problema es que la sentencia no surte efectos de carácter retroactivo, es decir, los bonos otorgados en 2022, aunque la decisión estaba fuera de la legalidad y, según el Supremo, no está justificado «el trato discriminatorio» y «la exclusión de los toros carece de una razón fundamentada y de peso para llevarla a cabo», ya no tienen solución al respecto.

El daño ya está hecho. Y el seguro quebranto económico causado a los empresarios y taquillas de las plazas durante el pasado año, según ha declarado el presidente de la Comisión Jurídica de la Fundación Toro de Lidia, Fernando Lorenzo, «habrá que valorar si se puede reclamar de algún modo». ¿Qué necesidad de esto tenía el Gobierno?

En fin, que, previsible y afortunadamente, los jóvenes que entren en la mayoría de edad y así lo quieran podrán destinar los euros a los que tienen derecho a ver un espectáculo taurino. Sin censura. Porque, por si no ha quedado todavía claro —o por si alguno no se quiere enterar, ye ye ye ye—, lo volvemos a recordar aquí: la tauromaquia es un espectáculo legal, reconocido como patrimonio cultural y que los poderes públicos tienen la obligación de fomentar, proteger y promover. Además de sus dimensiones «cultural, histórica y artística», tal y como recoge en su sentencia el Tribunal Supremo. Y porque la tauromaquia es una manifestación del pueblo. Y está claro que, en cualquier democracia, el pueblo es soberano.